Primer caso de préstamos abusivos en virtud de la Ley de Vivienda Justa
Los fiscales federales y la principal agencia estadounidense para la protección financiera del consumidor han presentado una demanda contra un promotor inmobiliario de Texas, citando un plan fraudulento de venta de terrenos dirigido a miles de prestatarios hispanos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está a cargo del caso, que marca la primera investigación sobre préstamos abusivos en virtud de la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades Crediticias. La Fiscal General Adjunta de Derechos Civiles, Kristen Clarke, anunció la demanda y enfatizó la importancia del caso durante una conferencia de prensa en Washington.
En colaboración con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU., esta demanda federal destaca violaciones de la Ley de Divulgación Total de Ventas de Tierras Interestatales, lo que lo convierte en el primer caso de esta naturaleza de la agencia. A pesar de recibir una solicitud de comentarios, Colony Ridge, el promotor inmobiliario ubicado en el condado de Liberty, Texas, no respondió de inmediato.
La promesa del sueño americano se convierte en una pesadilla para las familias hispanas
Al hacer una declaración sobre el caso, la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke expresó su decepción: «Colony Ridge prometió el sueño americano, pero alegamos que, en realidad, ha resultado una pesadilla para miles de familias hispanas trabajadoras que esperaban construir su casas en la comunidad de Terrenos Houston.»
Según funcionarios federales, la empresa vendió préstamos que eran inasequibles, engañando deliberadamente a familias desprevenidas, y las alentó a comprar terrenos propensos a inundaciones sin acceso a servicios vitales como líneas de alcantarillado.
Las autoridades han anunciado que Colony Ridge enfrentará consecuencias legales por sus acciones, que han provocado importantes dificultades para numerosas familias. Estos casos ponen en duda la integridad de ciertos promotores inmobiliarios y resaltan la necesidad de regulaciones estrictas para proteger a los posibles compradores de viviendas de prácticas crediticias abusivas.